SUMARIOS
MIGRACIONES.
CONTROL. Limitación a la revisión que el Poder Judicial ejerce sobre los actos
de la Administración. Requisito del “control judicial suficiente” vs. Artículo
89. Ley 25.871.
El artículo 89
de la ley 25.871 determina que el recurso judicial y la consecuente
intervención y decisión del órgano judicial se limitarán al control de legalidad,
debido proceso y de razonabilidad del acto motivo de impugnación. A tenor de lo
antes expresado cabe preguntarse si esta limitación a la revisión que el Poder
Judicial ejerce sobre los actos de la Administración cumple con el requisito
del “control judicial suficiente” impuesto en nuestro sistema jurídico por vía
pretoriana desde el Fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en
Fernández Arias contra Poggio. (Del voto del juez Gallegos Fedriani, cons. VI).
La respuesta
al caso en análisis se encuentra en parte en el propio Preámbulo de la
Constitución Nacional cuando afirma que su objeto es el de constituir la unión
nacional, afianzar la justicia, consolidar la paz interior, proveer a la
defensa común, promover el bienestar general y asegurar los beneficias de la
libertad, para nosotros y para todos los hombres del mundo que quieran habitar
en el suelo argentino. (Del voto del
juez Gallegos Fedriani, cons. VII)
CONSTITUCION
NACIONAL. DERECHOS CONSTITUCIONALES.
CONSTITUCION
NACIONAL. DERECHOS CONSTITUCIONALES. Cárceles. Art.18. Concordancia con el art.
14 y el Preámbulo.
El artículo
18, in fine de la Constitución Nacional expresa “Las cárceles de la Nación
serán sanas y limpias, para seguridad y no para castigo de los reos detenidos
en ellas, y toda medida que a pretexto de precaución conduzca a mortificarlos
más allá de lo que aquélla exija, hará responsable al juez que la autorice”. En
síntesis la cárcel no es para castigo de los reos sino para su seguridad; la
actora, como habitante del país, goza de los derechos de entrar, salir y
permanecer en el territorio argentino y la Constitución la incluye, desde su
Preámbulo, con el objeto, entre otros, de constituir la unión nacional y
consolidar la paz interior (Del voto del juez Gallegos Fedriani, cons. VII) .
El artículo 20
establece que “Los extranjeros gozan en el territorio de la Nación de todos los
derechos civiles del ciudadano; pueden ejercer su industria, comercio y
profesión; poseer bienes raíces, comprarlos
y enajenarlos; navegar los ríos y costas; ejercer libremente su culto; testar y
casarse conforme a las leyes. No están obligados a admitir la ciudadanía, ni a
pagar contribuciones forzosas extraordinarias. Obtienen nacionalización
residiendo dos años continuos en la Nación; pero la autoridad puede acortar
este término a favor del que lo solicite, alegando y probando servicios a la
República” (Del voto del
juez Gallegos Fedriani, cons. VII).
En este caso
particular debo expresar, a título exclusivamente personal, que resulta
impropio del debido proceso adjetivo consagrado por los tratados
internacionales que el Tribunal se vea obligado a decidir sobre la vida futura
de una persona sin que la ley procedimental haya previsto, siquiera, una
audiencia para conocer a quien reclama quedarse en la Argentina y que la
autoridad administrativa no acepta y ordena su expulsión. Sé que está dentro de
las herramientas que el artículo 36 del Código Procesal da al juez, la
posibilidad de designar una audiencia para tener una visión directa y personal
de alguien cuya vida futura se decidirá sin haberla visto. Sin perjuicio de lo
antes dicho, creo que en este caso, la cuestión puede resolverse sin hacer uso
de tal facultad judicial(Del voto del juez Gallegos Fedriani, cons. VIII).
Como lo han
decidido los propios constituyentes, la incorporación en la reforma de 1994 de
la Constitución Nacional en el art. 75, inciso 22 cuando afirma: “22. Aprobar o
desechar tratados concluidos con las demás naciones y con las organizaciones
internacionales y los concordatos con la Santa Sede. Los tratados y concordatos
tienen jerarquía superior a las leyes. La Declaración Americana de los Derechos
y Deberes del Hombre; la Declaración Universal de Derechos Humanos; la
Convención Americana sobre Derechos Humanos; el Pacto Internacional de Derechos
Económicos, Sociales y Culturales; el Pacto Internacional de Derechos Civiles y
Políticos y su Protocolo Facultativo; la Convención sobre la Prevención y la
Sanción del Delito de Genocidio; la Convención Internacional sobre la
Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial; la Convención sobre
la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer; la
Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o
Degradantes; la Convención sobre los Derechos del Niño; en las condiciones de
su vigencia, tienen jerarquía constitucional, no derogan artículo alguno de la
primera parte de esta Constitución y deben entenderse complementarios de los
derechos y garantías por ella reconocidos. Sólo podrán ser denunciados, en su
caso, por el Poder Ejecutivo Nacional, previa aprobación de las dos terceras
partes de la totalidad de los miembros de cada Cámara. Los demás tratados y convenciones sobre derechos
humanos, luego de ser aprobados por el Congreso, requerirán del voto de las dos
terceras partes de la totalidad de los miembros de cada Cámara para gozar de la
jerarquía constitucional”, ha sentado las bases del llamado principio pro
homine en el sentido que el derecho debe, en todo momento, tener como meta la
preservación de los derechos humanos, lo que justifica la propia existencia del
estado y del poder llamado comúnmente exorbitante que se le reconoce en el
derecho administrativo (Del voto del juez Gallegos Fedriani, cons. VIII).
ACTIVIDAD
ADMINISTRATIVA. DISCRECIONALIDAD. Norma. Exégesis. Diferencia con arbitrariedad.
El término
“podrá” expresado en la norma; respecto de la autoridad administrativa debe
entenderse como una facultad discrecional sin que se pueda asimilar
discrecionalidad a irrazonabilidad. En otras palabras, lo discrecional debe ser
razonable, y en el caso de autos, no lo es. (Del voto del juez Gallegos
Fedriani, cons.X).
Jorge Federico
Alemany
SUMARIOS
MIGRACIONES.
CONTROL. Limitación a la revisión que el Poder Judicial ejerce sobre los actos
de la Administración. Requisito del “control judicial suficiente” vs. Artículo
89. Ley 25.871.
El artículo 89
de la ley 25.871 determina que el recurso judicial y la consecuente
intervención y decisión del órgano judicial se limitarán al control de legalidad,
debido proceso y de razonabilidad del acto motivo de impugnación. A tenor de lo
antes expresado cabe preguntarse si esta limitación a la revisión que el Poder
Judicial ejerce sobre los actos de la Administración cumple con el requisito
del “control judicial suficiente” impuesto en nuestro sistema jurídico por vía
pretoriana desde el Fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en
Fernández Arias contra Poggio. (Del voto del juez Gallegos Fedriani, cons. VI).
La respuesta
al caso en análisis se encuentra en parte en el propio Preámbulo de la
Constitución Nacional cuando afirma que su objeto es el de constituir la unión
nacional, afianzar la justicia, consolidar la paz interior, proveer a la
defensa común, promover el bienestar general y asegurar los beneficias de la
libertad, para nosotros y para todos los hombres del mundo que quieran habitar
en el suelo argentino. (Del voto del
juez Gallegos Fedriani, cons. VII)
CONSTITUCION
NACIONAL. DERECHOS CONSTITUCIONALES.
El principio
de respuesta se continua en los artículos 14 y 14 bis donde se expresa que
todos los habitantes de la nación gozan de los siguientes derechos conforme las
leyes que reglamentan su ejercicio, contando entre ellos el de entrar,
permanecer, transitar y salir del territorio argentino (Del voto del juez
Gallegos Fedriani, cons. VII).
El artículo
18, in fine de la Constitución Nacional expresa “Las cárceles de la Nación
serán sanas y limpias, para seguridad y no para castigo de los reos detenidos
en ellas, y toda medida que a pretexto de precaución conduzca a mortificarlos
más allá de lo que aquélla exija, hará responsable al juez que la autorice”. En
síntesis la cárcel no es para castigo de los reos sino para su seguridad; la
actora, como habitante del país, goza de los derechos de entrar, salir y
permanecer en el territorio argentino y la Constitución la incluye, desde su
Preámbulo, con el objeto, entre otros, de constituir la unión nacional y
consolidar la paz interior (Del voto del juez Gallegos Fedriani, cons. VII) .
El artículo 20
establece que “Los extranjeros gozan en el territorio de la Nación de todos los
derechos civiles del ciudadano; pueden ejercer su industria, comercio y
profesión; poseer bienes raíces, comprarlos
y enajenarlos; navegar los ríos y costas; ejercer libremente su culto; testar y
casarse conforme a las leyes. No están obligados a admitir la ciudadanía, ni a
pagar contribuciones forzosas extraordinarias. Obtienen nacionalización
residiendo dos años continuos en la Nación; pero la autoridad puede acortar
este término a favor del que lo solicite, alegando y probando servicios a la
República” (Del voto del
juez Gallegos Fedriani, cons. VII).
En este caso
particular debo expresar, a título exclusivamente personal, que resulta
impropio del debido proceso adjetivo consagrado por los tratados
internacionales que el Tribunal se vea obligado a decidir sobre la vida futura
de una persona sin que la ley procedimental haya previsto, siquiera, una
audiencia para conocer a quien reclama quedarse en la Argentina y que la
autoridad administrativa no acepta y ordena su expulsión. Sé que está dentro de
las herramientas que el artículo 36 del Código Procesal da al juez, la
posibilidad de designar una audiencia para tener una visión directa y personal
de alguien cuya vida futura se decidirá sin haberla visto. Sin perjuicio de lo
antes dicho, creo que en este caso, la cuestión puede resolverse sin hacer uso
de tal facultad judicial(Del voto del juez Gallegos Fedriani, cons. VIII).
______________________________________________________________________
CONSTITUCION NACIONAL. TRATADOS. Tratados
internacionales. Jerarquía
Constitucional.
Art. 75, inc. 22 de la C.N. Principio pro homine. Derecho Administrativo. Poder exorbitante.
Como lo han
decidido los propios constituyentes, la incorporación en la reforma de 1994 de
la Constitución Nacional en el art. 75, inciso 22 cuando afirma: “22. Aprobar o
desechar tratados concluidos con las demás naciones y con las organizaciones
internacionales y los concordatos con la Santa Sede. Los tratados y concordatos
tienen jerarquía superior a las leyes. La Declaración Americana de los Derechos
y Deberes del Hombre; la Declaración Universal de Derechos Humanos; la
Convención Americana sobre Derechos Humanos; el Pacto Internacional de Derechos
Económicos, Sociales y Culturales; el Pacto Internacional de Derechos Civiles y
Políticos y su Protocolo Facultativo; la Convención sobre la Prevención y la
Sanción del Delito de Genocidio; la Convención Internacional sobre la
Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial; la Convención sobre
la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer; la
Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o
Degradantes; la Convención sobre los Derechos del Niño; en las condiciones de
su vigencia, tienen jerarquía constitucional, no derogan artículo alguno de la
primera parte de esta Constitución y deben entenderse complementarios de los
derechos y garantías por ella reconocidos. Sólo podrán ser denunciados, en su
caso, por el Poder Ejecutivo Nacional, previa aprobación de las dos terceras
partes de la totalidad de los miembros de cada Cámara. Los demás tratados y convenciones sobre derechos
humanos, luego de ser aprobados por el Congreso, requerirán del voto de las dos
terceras partes de la totalidad de los miembros de cada Cámara para gozar de la
jerarquía constitucional”, ha sentado las bases del llamado principio pro
homine en el sentido que el derecho debe, en todo momento, tener como meta la
preservación de los derechos humanos, lo que justifica la propia existencia del
estado y del poder llamado comúnmente exorbitante que se le reconoce en el
derecho administrativo (Del voto del juez Gallegos Fedriani, cons. VIII).
El paradigma
ha cambiado, el Estado goza de privilegios, poderes y prerrogativas propios
como lo reconoce la propia Constitución Nacional, pero tales prerrogativas solo
pueden ser justificadas en que tiendan a asegurar el respeto los Derechos
Humanos (Del voto del juez Gallegos Fedriani, cons. VIII)..
El término
“podrá” expresado en la norma; respecto de la autoridad administrativa debe
entenderse como una facultad discrecional sin que se pueda asimilar
discrecionalidad a irrazonabilidad. En otras palabras, lo discrecional debe ser
razonable, y en el caso de autos, no lo es. (Del voto del juez Gallegos
Fedriani, cons.X).
Jorge Federico Alemany
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